La semana pasada Lima vivió un ataque sistemático de la delincuencia, es así que el gobierno fue acorralado, y la clase política lejos de dar soluciones salieron con el mismo cuento de hace años: Los terroristas y otros mejunjes de color rojo habían atacado a la ciudad. Pero, sin embargo, muchos especialistas coinciden en indicar que ello se debió a que un día, al Congreso se le ocurrió legislar y decir que las extorsiones no sean consideradas organización criminal. Entonces hicieron una ley a favor del hampa. Desde ahí, las extorsiones no pueden ser investigadas por las fiscalías que ven temas de crimen organizado.
Como ejemplo van las declaraciones dadas por el presidente del legislativo Eduardo Salhuana, que acusó de la presencia de terrorismo urbano, cuando ya suman 6 las personas que han caído víctimas de la delincuencia, y con el añadido que más de 25 buses han sido incendiados, todo ello reivindicado por los delincuentes.
De allí, que la asociación de bodegueros del Perú, han emitido un pronunciamiento donde dicen que son extorsionados, lo mismo que los griferos, motocarristas, los empresarios de Gamarra. Por ello las críticas se han centrado en la necesidad que restituyan los 35 años de pena para organización criminal por extorsión y sicariato, pero no lo van a hacer, en el congreso, porque no les conviene.
Un medio digital dijo también, que durante las protestas no se asomó la presidenta Boluarte por estar siendo sometida a un tratamiento estético. Es así que un pronunciamiento de la Confiep se sintió como una bofetada, para los que estaban armando el discurso de terrorismo urbano y tratar de confundir a la gente y llevarnos nuevamente de las narices hacia el discurso de la presencia de las huestes del cachetón Guzmán. El gremio empresarial y otros 22 gremios de empresarios- pequeños, mediados y grandes- coinciden en que el país «vive bajo el asedio» del crimen organizado. Exigen al Congreso derogar la ley «que relajó la persecución» de ese delito.
