Lima. La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó por mayoría la procedencia de la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial), tras revelarse presuntas irregularidades éticas en su gestión. Con 11 votos a favor y 2 abstenciones, se dio luz verde al inicio de una investigación que podría destapar uno de los casos más graves de nepotismo y mal uso de recursos públicos en el actual Parlamento.
La denuncia, sustentada en un reportaje emitido el 11 de mayo de 2025, señala que Vásquez habría contratado a tres familiares como parte de su personal de confianza. Entre ellos, destaca Jimmy Pinchi Pezo, coordinador del despacho y nieto de su hermana, sin título universitario y con un sueldo de S/ 3,146. También figuran Edwar Rengifo Pezo, auxiliar con un sueldo superior a S/ 3,600, y Kenyi Castro Rivas, técnico con una remuneración mensual de S/ 7,200, pese a no contar con grados académicos registrados en SUNEDU.
El informe también incluye denuncias de extrabajadores que afirman que la legisladora solicitaba aportes en efectivo mensuales para realizar supuestas donaciones a su nombre, una práctica que no solo bordea la ilegalidad, sino que también desvirtúa el rol parlamentario.
Esta situación ha desatado críticas sobre la transparencia y el uso de cargos públicos para favorecer intereses personales. Resulta alarmante que, en lugar de representar con integridad a sus electores, la congresista presuntamente haya convertido su despacho en un espacio familiar, donde el mérito académico y profesional parece haber sido reemplazado por vínculos de sangre.
Mientras la investigación avanza, la ciudadanía exige explicaciones claras y sanciones ejemplares. Casos como este debilitan aún más la ya golpeada imagen del Congreso y evidencian la necesidad urgente de una verdadera reforma ética en el Parlamento.
