La declaratoria de emergencia de la vergüenza:
Según el decreto, los recursos del Tesoro Público no serán utilizados para atender la emergencia, dejando a los municipios –ya golpeados por recortes presupuestales– la tarea de asumir los gastos de rehabilitación y mitigación con sus propios fondos. Una medida que, para muchos, representa una abdicación del rol del Estado. Resulta que en esta declaratoria donde comprende también las acciones a ejecutar, los bienes y servicios a ser entregados como donación y sobre todo el financiamiento, el gobierno de la presidenta Boluarte le deja en manos de los pliegos involucrados, es decir, todos los recursos propios del Tesoro Público que se debe utilizar en una declaratoria de emergencia, no se utilizarán; increíblemente todo tendrá que salir de los gobiernos regionales y sobre todo de las municipalidades cuyos territorios se han visto afectados por los incendios forestales.
Según datos otorgados por el municipio de ese distrito, han sido más de 260 hectáreas de zonas afectadas, 60 hectáreas de pastizales, 140 de sembríos de cacao y café y 60 de bosques, son resultado de voraces incendios que azotaron la zona por más de siete días, incluso algunos aún continúan, pero en menor proporción. Para el alcalde de Pachiza, William Velásquez carranza, esa decisión del gobierno nacional es totalmente desatinada al emitir una declaratoria de emergencia con el Decreto Supremo N° 097-2024-PCM, que en su artículo 4 habla de un trabajo articulado entre el gobierno nacional, ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales, pero los gastos que demanden o irroguen dichas acciones, debe ser asumidos o recargados al presupuesto institucional de los municipios afectados.
Tomado de Voces