Los Ángeles, EE.UU. — La ciudad de Los Ángeles atraviesa uno de sus episodios más tensos en los últimos años tras una ola de violentos disturbios, provocados por redadas migratorias realizadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las detenciones desencadenaron una serie de protestas que se han tornado caóticas, dejando incendios, enfrentamientos con la Policía, saqueos y más de 60 arrestos solo el pasado domingo.
Las manifestaciones comenzaron el viernes en Paramount y Compton, pero se intensificaron rápidamente. El domingo, una multitud bloqueó por horas la autopista 101 de Los Ángeles, lanzando piedras, cócteles molotov y fuegos artificiales contra patrullas policiales. La Guardia Nacional fue desplegada para contener la situación, con gases lacrimógenos y balas de goma. Las imágenes de vehículos incendiados y negocios saqueados han conmocionado a la opinión pública.
El presidente Donald Trump, lejos de calmar las tensiones, endureció su discurso: acusó a «la izquierda radical» de instigar los disturbios con «alborotadores pagados», prohibió el uso de mascarillas en protestas —alegando que esconden identidades criminales— y ordenó la detención inmediata de manifestantes encapuchados. Además, aumentó el despliegue de la Guardia Nacional a 2,000 efectivos.
Sin embargo, la decisión presidencial ha desatado una grave disputa institucional. El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció que el despliegue fue realizado sin su autorización, calificándolo de ilegal e inconstitucional. Anunció una demanda contra Trump y desafió directamente a las amenazas del llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, quien insinuó que las autoridades locales podrían ser arrestadas por “obstrucción” a ICE. “¡Arréstenme, si se atreven!”, respondió Newsom. “Me importa un bledo, pero me importa esta comunidad”.
Las tensiones siguen en aumento, y mientras el Gobierno federal insiste en continuar con las redadas, los líderes estatales piden el retiro inmediato de las tropas. La crisis en Los Ángeles no solo refleja el profundo conflicto migratorio en EE.UU., sino también una alarmante fractura entre el poder federal y los gobiernos estatales, en medio de un escenario cada vez más incendiario y polarizado.
