La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, hace de conocimiento público que hoy se presentó denuncia constitucional ante el Congreso de la República, en contra de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de presidente de la República; Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, en condición de presidentes del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda y Jorge Luis Chávez Cresta, en condición de ministros de Defensa; César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, en condición de ministros del Interior, como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de: i) Homicidio calificado, a título de comisión por omisión [omisión impropia] – dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez, y otros; ii) Lesiones graves, a título de comisión por omisión [omisión impropia] – dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega y otros; y, iii) Lesiones leves, a título de comisión por omisión [omisión impropia] – dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Miguel Ángel Velasquez Chilingano y otros.
Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos).
De la misma forma, se ha expedido disposición fiscal de archivo por delito de genocidio imputados a los referidos investigados.
Es importante señalar que, además, existen 303 carpetas fiscales, en los distritos fiscales de las regiones antes señaladas, en las que se viene investigando a 824 personas por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones, en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
