Un masivo paro de transportistas en Lima tensa la cuerda del Ejecutivo de Boluarte. Alrededor de 20.000 unidades de transporte público paralizaron la capital peruana en señal de protesta por los asesinatos de dieciséis chóferes en este 2025 a manos de sicarios
“¿Cómo le digo que no volverá a ver su papá?”, dijo entre sollozos la viuda de Daniel Guillermo Suárez, el último chofer asesinado por la ola delictiva que se ha esparcido en Lima y Callao. El martes, en la avenida de Venezuela, el muchacho de 25 años se detuvo en un semáforo en rojo y fue atacado de repente desde una moto. Uno de los disparos le dio en la cabeza y otro le perforó el pecho. Murió en el acto. Hacía poco la empresa de buses para la que trabajaba había sido extorsionada y él había tenido que parar por una semana. Los dueños volvieron a recibir amenazas, pero esta vez no se lo comunicaron a sus conductores quienes salieron a las calles a su suerte.
Ese mismo martes, su compañero de ruta, Luis Chinchay, de 70 años, fue baleado en el estómago y en uno de sus brazos. Desde entonces lucha por su vida en la Sala de Cuidados Intensivos de un hospital. Estos dos ataques desataron la ira de los gremios de transportistas. En este 2025 son 16 los choferes que han perdido la vida a manos de las mafias que cobran cupos. Por eso este jueves realizaron el quinto paro en los últimos siete meses.
Se calcula que 20.000 unidades de transporte público de 460 empresas apagaron sus motores. Es la primera vez que las empresas formales acatan la medida. El terror ha unido a un rubro informal que suele estar dividido. Este jueves la capital peruana paró en gran medida. Los colegios y las universidades cerraron sus puertas y dispusieron clases virtuales para sus alumnos; el Ministerio de Trabajo instó a priorizar el trabajo remoto; y el Seguro Social de Salud reprogramó las citas médicas. Se produjeron algunos incidentes violentos para aquellos que optaron por continuar su ritmo habitual. Manifestantes pincharon llantas de vehículos e hicieron a bajar a la fuerza a pasajeros de buses y cústeres.
La movilización partió de diversos puntos con un mismo destino: el Congreso de la República, ubicado en el Centro de Lima. En la antesala dos legisladores dieron dos “soluciones” que han provocado la indignación de la gente. Mientras José Cueto, de la agrupación política Honor y democracia, le aconsejó a los transportistas colocarse una lámina antibalas, Edwin Martínez exhortó al Ejecutivo a deportar a todos los extranjeros. “Ojalá que nuestros asesinos asesinen a esos malditos”, exclamó Martínez.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue interpelado el miércoles en la Cámara y tampoco dio mayores luces. A su modo de ver, los estados de emergencia están funcionando y solo hay que tener paciencia.
En los últimos días las autoridades de otros organismos del Estado han planteado propuestas para acabar con la criminalidad que también han sido objetadas. El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, propone restringir la circulación de motocicletas entre las seis de la tarde y las seis de la mañana.
La presidenta, Dina Boluarte, dio un escueto mensaje, en el que rehuyó de cualquier mea culpa. “En dos años y meses del gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte. No es la responsabilidad solamente de este Ejecutivo”, sostuvo.
Por la tarde se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes policiales. Algunas personas resultaron heridas en medio de perdigones y bombas lacrimógenas. No solo marcharon los transportistas, sino también gremios estudiantiles y la sociedad civil. Este viernes los transportistas participarán en una asamblea en la que decidirán si tomarán medidas más radicales, como un paro nacional en los próximos días. Tomado de El Pais.
